ENERO DE 2025

En el primer día de su segundo período en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump emitió diez órdenes ejecutivas y proclamaciones con el propósito de cambiar el aspecto de la ley y la política de inmigración de los Estados Unidos, y que afectan a casi todos los aspectos de un sistema complejo y exigente. El gobierno de Trump ha seguido el historial de su primer período y las promesas de su campaña presidencial, en un esfuerzo por redefinir a los Estados Unidos para excluir a todos, desde los que cruzan la frontera en busca de refugio hasta los niños que nacerán el mes próximo de padres que están en los Estados Unidos con visas temporales. Entretejidos en estas órdenes ejecutivas hay novedosos argumentos legales que ordenan a los militares estadounidenses rechazar a los solicitantes de asilo, amenazan con el uso agresivo de sanciones penales para garantizar el cumplimiento y abren la puerta a futuras invocaciones de unas leyes centenarias: la Ley de Insurrección y Ley de Enemigos Extranjeros.

Es importante entender no sólo el alcance de las órdenes ejecutivas, sino también qué es precisamente lo que buscan lograr y en qué tiempo. La oleada de actividades del primer día fue en sí misma una señal para las comunidades inmigrantes de que están siendo atacadas, pero también es un esquema para acciones futuras. La mayoría de los cambios políticos anunciados en estas acciones ejecutivas son instrucciones a departamentos o agencias federales. Algunas se ejecutaron en las primeras 48 horas; otras requerirán mayor escrutinio y orientación en las próximas semanas y meses y serán el blanco de demandas contra su implementación.

Este análisis no es de ninguna manera una lista exhaustiva de los cambios introducidos por las órdenes ejecutivas del “Primer Día”, y mucho menos un desglose de los argumentos jurídicos en esas órdenes. Debido a que mucho depende de la implementación, es posible que las disposiciones excluidas de este análisis resulten sumamente influyentes, y que algunas de las disposiciones que destacamos no hagan mucho más que imponer confusión y temor. Sin embargo, este análisis representa nuestro mejor esfuerzo por sintetizar las acciones ejecutivas en una agenda de cambios propuestos y realizados, y señalar algunos acontecimientos futuros a los que debemos prestar atención a medida que estos textos se conviertan en realidad para los inmigrantes y para todos los estadounidenses.

Las órdenes ejecutivas firmadas el primer día del segundo período del presidente Trump extienden radicalmente las autoridades legales utilizadas para imponer la ley de inmigración contra los inmigrantes que ya están en los Estados Unidos. También exigen una expansión igualmente radical de la infraestructura que sería necesaria para lograr las “deportaciones masivas” que el presidente ha prometido. Además, las órdenes señalan los esfuerzos por empobrecer a los inmigrantes no autorizados que viven en los Estados Unidos, privándolos de la capacidad de trabajar legalmente y castigándolos por no poder “registrasen” con el gobierno de los Estados Unidos, algo que no tienen manera de hacer.

Cambios clave de políticas

• Ordenar la expansión de la “expulsión acelerada”, que permite a los Estados Unidos deportar a alguien sin una audiencia judicial, hasta el máximo permitido por la ley federal (un alcance de la medida que nunca antes se había usado). Los funcionarios federales estarán autorizados a detener a alguien acusado de entrar en el país sin inspección en cualquier lugar dentro de los Estados Unidos y someterlo a una expulsión acelerada si creen que esa persona ha estado aquí menos de dos años, y el inmigrante será responsable de demostrar que ha estado aquí más tiempo. (“Proteger al Pueblo Estadounidense Contra la Invasión”)
  • Exigir que todos los no ciudadanos se registren y presenten sus huellas dactilares al gobierno de los Estados Unidos bajo una disposición de la ley federal que rara vez se ha usado y declarar que todos los que no se hayan registrado estarán sujetos a sanciones penales. Este requerimiento podría ser muy difícil de cumplir para inmigrantes que entraron en los Estados Unidos sin autorización, con lo que podrían afrontar el arresto y procesamiento penal. (“Proteger al Pueblo Estadounidense”)
  • Ordenar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que “asegure” que no se entreguen permisos de trabajo a personas sin otro estatus legal, incluso si tienen una solicitud de inmigración pendiente. Si se implementa, este cambio restringiría radicalmente la población de personas que son elegibles para trabajar en EE. UU. legalmente. (“Proteger al Pueblo Estadounidense”)
    • Ordenar a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) que tome medidas para garantizar que no se proporcionen beneficios públicos a inmigrantes no autorizados. (“Proteger al Pueblo Estadounidense”)
    • Amenazar con revocar todos los fondos federales a los estados y localidades considerados jurisdicciones “santuario”. (“Proteger al Pueblo Estadounidense”)
      • Ordenar al DHS que amplíe los acuerdos 287(g) con las fuerzas del orden estatales y locales para movilizarlas como socios en la aplicación de la ley federal de inmigración, “en la máxima medida permitida por la ley”.

(“Proteger al Pueblo Estadounidense”)

• Revocar todas las políticas de Biden que establecen prioridades para la aplicación de la ley de inmigración. (“Proteger al Pueblo Estadounidense”)
  • Ordenar auditorías de cualquier contrato federal con organizaciones no gubernamentales involucradas directa o indirectamente en ayudar a inmigrantes indocumentados de cualquier manera, congelar todos los fondos durante estas auditorías, y amenazar con ordenar la devolución de esos fondos después de la auditoría. (“Proteger al Pueblo Estadounidense”)

Lo que ya ha sucedido

•  La expansión de la autoridad del gobierno de expulsión acelerada se anunció a partir del 21 de enero en un aviso del Registro Federal.

Lo que sucede a continuación

• El uso de las disposiciones de “registro” probablemente estará sujeto a futuras directrices del Departamento de Seguridad Nacional y/o del Departamento de Justicia. Si bien esto puede usarse como pretexto para hacer arrestos, no está claro en qué medida se usará, y es posible que nuevas directrices lo aclaren.
• No está claro cómo el gobierno federal pretende impedir que se expidan permisos de trabajo a inmigrantes que están autorizados a recibirlos bajo las leyes y regulaciones actuales, como los solicitantes de asilo o de la tarjeta verde. Nuevas directrices aclararán hasta qué punto esto puede afectar a las personas que ya tienen permisos de trabajo. El gobierno podría tratar de cambiar las regulaciones fundamentales que permiten a muchos inmigrantes no autorizados obtener permisos de trabajo. Cualquier intento de violar las regulaciones existentes sobre la elegibilidad para obtener permisos de trabajo o de cambiar esas regulaciones probablemente estaría sujeto a demandas.
• La instrucción a la OMB de impedir que inmigrantes no autorizados reciban beneficios públicos es vaga y no está claro hasta qué punto indica cambios futuros en la política.

Lo que todo esto significa

Para entender lo que hacen estas órdenes ejecutivas, es conveniente señalar lo que no hacen: enfocarse en los inmigrantes declarados culpables de delitos graves. Esta oleada inicial de acciones ejecutivas amplía una operación de “deportación masiva,” en la que todos los que no tengan estatus legal en los Estados Unidos serán muy vulnerables. De hecho, al invocar la disposición sobre el registro, la administración Trump amenaza con convertir a todos los inmigrantes en delincuentes al prepararlos para el “delito” de no registrarse.

La expansión de la expulsión acelerada por sí sola podría exponer a millones de recién llegados, y a otros incluidos por error, a una posible deportación sin audiencia judicial, privándolos de la oportunidad de demostrar que reúnen los requisitos para un estatus legal. La presión para ampliar los acuerdos 287(g) empoderará a las agencias de policía locales que quieren apuntar a los inmigrantes y conducirá a una mayor perfilación racial, mientras que las amenazas de eliminar los fondos y las amenazas de procesamiento penal contra las jurisdicciones "santuario" pueden intimidar a las localidades, que de otro modo tratarían de evitar comprometer a sus agencias del orden locales en la campaña de deportación masiva de Trump.

Entretanto, privar a los solicitantes de estatus legal de la posibilidad de trabajar legalmente creará más tensiones sobre los gobiernos locales al impedir que las personas puedan mantenerse a sí mismas, exacerbando uno de los problemas que el gobierno ha usado para justificar sus medidas severas.

Las medidas ejecutivas de la administración Trump prohíben unilateralmente que cualquier persona sin estatus legal se presente para buscar protección en la frontera entre los Estados Unidos y México, al tiempo que sientan las bases para reanudar y acelerar el traslado de solicitantes de asilo a “terceros países” temporal o indefinidamente. Además, las órdenes ejecutivas afirman que la migración a través de la frontera entre los Estados Unidos y México constituye una “invasión”, y utiliza a las fuerzas armadas de los Estados Unidos para “repeler” a los migrantes, recurriendo a fondos y personal militar para la seguridad fronteriza y abriendo las puertas a una futura invocación de la Ley de Insurrección, una ley que autoriza el uso de las fuerzas armadas de los Estados Unidos para imponer la ley federal en circunstancias específicas.

Cambios clave de políticas

“Suspender” la entrada de cualquier persona “que participe en la invasión” de los Estados Unidos en la frontera entre los Estados Unidos y México en virtud de la disposición 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta es la misma disposición utilizada durante el primer gobierno de Trump para las prohibiciones de viajes y refugiados, y que la administración intentó usar —sin éxito— para restringir el asilo durante el primer período de Trump. El presidente Biden promulgó una proclamación 212(f) similar en junio de 2024. (“Garantizar la protección de los estados contra la invasión”)

• Decretar que cualquier persona que participe en dicha “invasión”, así como cualquier otro no ciudadano que no proporcione suficiente información al gobierno de los Estados Unidos antes de entrar en los Estados Unidos, no podrá recibir ningún tipo de ayuda bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esto probablemente incluye no solo el asilo (mencionado en la orden ejecutiva), sino también otras protecciones humanitarias que impiden la deportación, incluidas las protecciones para los niños no acompañados.

(“Garantizar a los Estados”)

• Eliminar el uso de la aplicación CBP One para hacer citas de asilo en los puertos de entrada, dejando varadas en el lado mexicano de la frontera aproximadamente a 270.000 personas que habían hecho citas y estaban esperando su oportunidad de presentarse legalmente, o estaban esperando ganar la lotería de citas. (“Protegiendo nuestras fronteras”)
• Ordenar al DHS y al Departamento de Estado que restablezcan la política de Protocolos de Protección a Migrantes (“Quédate en México”) “tan pronto como sea posible” (“Protegiendo nuestras fronteras”).
• Ordenar al Departamento de Estado que inicie negociaciones con otros países para que acepten las deportaciones de los Estados Unidos de solicitantes de asilo en virtud de los acuerdos de “Tercer País Seguro”. (“Protegiendo nuestras fronteras”)
• Declarar una “emergencia nacional” para desbloquear una autoridad legal que permita al Departamento de Defensa (DOD) redirigir fondos militares para la seguridad fronteriza, incluida la construcción de barreras permanentes y temporales en la frontera y la expansión de la capacidad de detención, y ordenar a los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional que movilicen personal suficiente para el “control operativo” de la frontera entre los Estados Unidos y México. (“Declarando una emergencia nacional en la frontera sur,” “Protegiendo nuestras fronteras”)
• Asignar a USNORTHCOM —el “comando combatiente” del Departamento de Defensa responsable de la protección de los Estados Unidos, Canadá y México— la “misión” de “sellar las fronteras”. (“Aclarando el papel de las fuerzas armadas en la protección de la integridad territorial de los Estados Unidos”)
• Establecer un proceso para declarar a ciertos carteles como “organizaciones terroristas extranjeras” y amenazar con invocar la Ley de Enemigos Extranjeros contra las personas declaradas como miembros de esas organizaciones, lo que podría permitir que esas personas fueran deportadas sin juicio, aun si tuvieran estatus legal en los EE. UU. (“Designación de carteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras”).
• Ordenar al DHS y al Departamento de Defensa que movilicen personal suficiente para el “control operativo” de la frontera entre los Estados Unidos y México, y que construyan barreras fronterizas permanentes y temporales en la frontera (“Protegiendo nuestras fronteras”, “Declarando una emergencia nacional”)

Lo que ya ha sucedido

• El DHS desactivó la capacidad de la aplicación CBP One para programar citas de asilo el 20 de enero, y miles de citas pendientes se cancelaron de inmediato.
• La prohibición de asilo entra en vigor inmediatamente a partir del 21 de enero de 2025.
• El gobierno de los Estados Unidos anunció que estaba volviendo a implementar el programa Quédate en México el 21 de enero. Esto concuerda con las declaraciones que hizo el mismo día la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien confirmó que México aceptaría a personas en espera de sus audiencias de asilo por razones “humanitarias”.
• El Departamento de Defensa ha anunciado planes para desplegar hasta 1.500 militares en servicio activo en la frontera entre los Estados Unidos y México.

Lo que sucede a continuación

• Se debe presentar un plan del USNORTHCOM para “sellar las fronteras” en un plazo de 10 días, y se espera que una estimación del comandante para el plan esté lista en un plazo de 30 días.
• En un plazo de 14 días, las agencias federales deben recomendar qué carteles y organizaciones criminales transnacionales deben ser designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y prepararse para el posible uso de la Ley de Enemigos Extranjeros contra cualquiera de esas organizaciones designadas. Todavía no está claro hasta qué punto se aplicará la ley y cómo se podrá hacer cumplir sin la cooperación de los países de origen de los deportados.
• El DOD y el DHS deben informar al presidente en un plazo de 90 días sobre si serán necesarias acciones adicionales (incluida la invocación de la Ley de Insurrección, que autorizaría a los militares a participar en algunas tareas de aplicación de las leyes nacionales) para asegurar el “control operacional” de la frontera.
• Se necesitará más orientación para aclarar cómo algunos de estos cambios interactuarán entre sí — por ejemplo, por qué las personas que están inscritas en el programa reanimado Quédate en México serán puestas en procedimientos judiciales de inmigración si son excluidas preventivamente de cualquier tipo de protección migratoria bajo la proclamación 212(f) — y cómo interactuarán con las restricciones existentes al asilo.
• Las órdenes ejecutivas invocan un novedoso derecho constitucional a suspender la “entrada física” de personas que se declare que están participando en una “invasión”. No está claro lo que esto significa, y es posible que futuras orientaciones o cambios de políticas lo ilustren mejor.
• Es probable que el gobierno afronte litigios por el uso de la sección 212(f) de la INA no solo para impedir la entrada de personas por la frontera entre los Estados Unidos y México, sino también para impedir que esas personas busquen algún tipo de ayuda migratoria. También es probable que haya litigios por la eliminación de la vía de asilo existente a través de la aplicación CBP One.

Lo que todo esto significa

Aun antes del 20 de enero, era sumamente difícil para alguien detenido por un agente de la Patrulla Fronteriza solicitar asilo en los Estados Unidos. Los cambios en la política del gobierno de Biden hicieron que la mayoría de los inmigrantes que cruzaron la frontera sin autorización no fueran elegibles para el asilo y los sometieron a un proceso restrictivo y exigente para que se les permitiera permanecer en los Estados Unidos y buscar algún tipo de ayuda humanitaria. Sin embargo, el gobierno de Biden todavía permitía que los migrantes solicitaran asilo yendo a los puertos de entrada y usando la aplicación CBP One.

Durante más de una década, los sucesivos gobiernos han seguido añadiendo niveles de complejidad y restricciones al proceso de solicitud de asilo en la frontera entre los Estados Unidos y México. Sin embargo, la promesa fundamental del asilo —que alguien que huye del peligro puede presentarse ante funcionarios estadounidenses en busca de seguridad— se mantuvo intacta de una forma u otra. Con estas medidas ejecutivas, el asilo, en esa forma, está muerto.

La naturaleza superpuesta de las restricciones existentes y las nuevas barreras añadidas por las órdenes ejecutivas de Trump significa que tomará un tiempo desentrañar su impacto (en la práctica, la superposición de restricciones a menudo significa que se da a los agentes fronterizos un poder arbitrario y sin rendición de cuentas para determinar qué sucede con un solicitante de asilo determinado). Puede resultar imposible resolverlas o suprimirlas por completo, incluso si el clima político se volviera más favorable a la inmigración humanitaria.

Las acciones ejecutivas cuestionan el futuro del asilo como se establece en la Ley de Refugiados de 1980. Sin más orientación sobre quién se considerará que ha dado a los EE. UU. información suficiente antes de su llegada, es imposible saber quién, si hay alguno, cumplirá con los requisitos para el asilo u otras protecciones en el futuro.

 

Revocación de las protecciones legales existentes, incluida la ciudadanía estadounidense

Las acciones ejecutivas del Primer Día apuntan a una amplia variedad de personas que actualmente tienen protecciones bajo las leyes estadounidenses o tradicionalmente han reunido los requisitos para recibirlas. Estas protecciones van desde programas implementados por el gobierno de Biden hasta autoridades estatutarias y la garantía constitucional de la ciudadanía por nacimiento.

Cambios clave de políticas

• Declarar que el gobierno federal ya no reconocerá la ciudadanía estadounidense de los bebés nacidos después del 19 de febrero de 2025 en suelo estadounidense, si la madre del bebé se encuentra presente ilegalmente o tiene un estatus legal temporal, y el padre del bebé no es ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta verde. (“Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”)
• Ordenar al Departamento de Seguridad Nacional que ponga fin a los programas de parole (permiso de entrada condicional) de la era Biden que considere un uso inadmisible de la autoridad del presidente para otorgar ese permiso. El programa de entrada condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV) está específicamente señalado para su probable terminación. (“Proteger al pueblo estadounidense”)
• Ordenar una “revisión” de las designaciones de Estatus de Protección Temporal (“TPS”) hechas por el gobierno de Biden. (“Proteger al pueblo estadounidense”)

Lo que ya ha sucedido

•   El 21 de enero, el DHS anunció que se había dado instrucciones a los funcionarios para que “eliminaran gradualmente” el programa de entrada condicional CHNV y otros programas. No está claro cuáles de estos programas de entrada condicional serán objeto de esta medida, pero podrían incluir políticas de parole para los liberados en la frontera de los Estados Unidos; programas de Parole para la Reunificación Familiar; y programas humanitarios como Unión por Ucrania y el programa de entrada condicional para los afganos. Tampoco está claro si la “eliminación gradual” se aplicará simplemente a las nuevas concesiones de entrada condicional, o si el gobierno tratará de revocar las concesiones de entrada condicional existentes antes de que se venzan.

Lo que sucede a continuación

• El gobierno federal ha declarado que dejará de reconocer la ciudadanía de ciertos bebés nacidos en los Estados Unidos después del 19 de febrero. Sin embargo, todavía no está claro cómo funcionará esto en la práctica, especialmente dado el papel esencial que desempeñan los gobiernos de los estados en la emisión de inscripciones de nacimiento, así como la incertidumbre que la redacción de la orden plantea para los padres LGBTQ+ y los padres que usan la fertilización in vitro. El esfuerzo por revocar unilateralmente la ciudadanía por derecho de nacimiento ya enfrenta varias demandas, y la implementación de este esfuerzo puede detenerse en los tribunales.
• La revisión de las designaciones de TPS por el DHS puede causar la revocación de algunas o todas las concesiones de TPS existentes, lo que afectará aproximadamente a un millón de beneficiarios actuales de TPS.

Lo que todo esto significa

Tanto el esfuerzo por poner fin unilateralmente a la ciudadanía por derecho de nacimiento como la campaña para poner fin a las protecciones temporales (incluidas la entrada condicional y el TPS) trazan un círculo cada vez más estrecho en torno a quienes se consideran residentes legítimos en los Estados Unidos. La revocación de las protecciones convierte en deportables a personas que fueron reconocidas legalmente por el gobierno. Restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, incluso a muchos niños nacidos de inmigrantes que se encuentran legalmente en los Estados Unidos, convertirá a un gran número de futuros bebés en apátridas y deportables de inmediato.

Sin embargo, aun antes de que cualquiera de estos cambios entre en vigor, están sometiendo a los inmigrantes a la incertidumbre y la ansiedad mientras intentan planificar los próximos pasos en la vida de sus familias sin saber qué estatus legal tendrán en los Estados Unidos en el futuro, si es que tendrán alguno.

La magnitud del caos se determinará por la implementación, pero la evidencia del primer período de gobierno de Trump muestra que la incertidumbre en sí misma produce una tensión en los inmigrantes y sus familias —especialmente en los niños— que tendrá consecuencias a largo plazo para su futuro y el futuro del país que actualmente declara que no son bienvenidos.

Restricción de futuras llegadas a los Estados Unidos